Por Gabriela Díaz
En este programa, LoJusto mencionó los premios que el Consejo Nacional de Derechos Humanos otorgará este año. Entre ellos, el premio Periodístico de Reconocimiento a la trayectoria de César Lévano, viejo periodista que ha trabajo el tema de derechos humanos por más de 50 años. Además, la Mula recibe el premio de Periodismo en Derechos Humanos; un premio especial a los familiares de desaparecidos del Santa, por sostener la memoria 19 años; la mención honrosa a Maria Alejandra Villanueva, joven con síndrome de down que ha luchado por el derecho al voto y finalmente, el premio Nacional a la Comunidad Campesina Cruz de Mayo en su lucha por el agua.
Se dedicó un reportaje especial a la problemática que la comunidad Cruz de Mayo ha venido atravesando. En esta ocasión, LoJusto, se trasladó a Caraz- Ancash para conversar con los miembros y dirigentes de la comunidad afectada, donde tanto Carlos Milla Osorio, actual presidente de la Comunidad; Antonio Dueñas Goñi, ex presidente y representante emblemático y Adán Pajuelo Bula, presidente de la comunidad de Usuarios de Agua explican que desde 1993 se vienen utilizando las aguas de la Laguna Parón, para la generación de energía, a través de la hidroeléctrica Cañón del Pato, hoy, la empresa norteamericana, Duke Energy Egenor.
El empleo irresponsable y abusivo del agua, descargar el doble lo de lo autorizado ha ocasionado daños irreversibles en su ámbito ambiental, cultural y económico, entiéndase, canales de riego y cultivo, y cada vez escasez del agua de consumo. Así, bajo la consigna de insostenibilidad social y ecológica de la Laguna Parón, la comunidad se vio obligada a protegerla para que no se siga “depredando”. El 29 julio del año 2008 se dio inicio a la recuperación de la laguna por medios exclusivamente pacíficos, característica principal de la acción organizada y sin violencia para su defensa. En esta movilización participaron, además, La comisión de Regantes de la sub cuenca Parón Llullán y la junta vecinal de Caraz.
En enero del 2010 se resuelve la reversión de la propiedad de la laguna en nombre del Estado. Sin embargo, el 9 de mayo del presente año, el Tribunal Constitucional emite una sentencia restituyendo la licencia de uso de agua para fines energéticos, a favor de Duke Energy Egenor, sus instalaciones y la licencia del uso del agua hasta 5.5. m3/s. Tanto como la comunidad como la comisión de usuarios de la sub cuenca Parón Llullán y otros actores involucrados, han desconocido los acuerdos adoptados por las autoridades pertinentes durante el proceso de defensa, puesto que la decisión última fue a espaldas de lo acordado.
LoJusto invitó a Jessy Romero, antropóloga que ha trabajando directamente con los comuneros de la Laguna Parón y la Junta de Regantes; y a Humberto Ortiz, representante de la Conferencia Episcopal de Acción Social (CEAS) y miembro activo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CDDHH) para discutir sobre los problemas y demandas planteadas los miembros de la comunidad.
Romero asevera que el caso Parón es “símbolo de la comunidad de Cruz de Mayo y toda la comunidad de Caraz (…) que el espejo del agua había descendido tremendamente y tal como menciona la población, se encontraban con un “charco de agua”, razón por la cual se da inicio a su recuperación.
Sobre el problema con la Duke Energy, Romero ratifica que la hidroeléctrica “es dueña de la central, y para abastecer de agua en época de estiaje usan agua de varias lagunas, y una de ellas era Parón, que es la laguna más grande del parque nacional Huascarán (…) La empresa ingresó a comunidad sin consulta previa, aun cuando el acuerdo 169 de la OIT se encontraba en vigencia. Si bien la empresa tuvo un estudio de impacto ambiental, su uso fue vulnerado”.
Por otro lado y frente a la carta que envió a la primera dama, Nadine Heredia con la intención de sensibilizar a las autoridades sobre la urgencia caso en cuestión, así como la situación de los dirigentes acusados por criminalización de protesta. Humberto Ortiz declara que el CEAS asumió la defensa de los dirigentes “en octubre de este año, ocho dirigentes habían sido enjuiciados por Duke Energy” y corrían el riesgo de ser encarcelados, señaló.
“Nuestro pedido ha sido a diversas instituciones (Ministerio de Energía y Minas) y esperamos una resolución justa de esta problemática que implica instancias de diálogo y que se busque una salida sostenible a largo plazo”, señala aseveró Ortiz. (GD)
