La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) convocó a una conferencia de prensa el día de hoy, viernes primero de junio, para expresar su preocupación sobre la actual situación de derechos humanos en la provincia de Espinar, Cusco, la cuál se encuentra bajo estado de emergencia. La mesa contó con la presencia de Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, y  los abogados Carlos Rivera, de IDL, David Velasco, de Fedepaz, y Gloria Cano, de APRODEH. También estuvo presente vía conexión telefónica con Ruth Luque, directora de la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, en Cusco.

A nombre de la CNDDHH y las 79 organizaciones que la conforman, Rocío Silva Santisteban demandó la renuncia del primer ministro Óscar Valdés, responsable político de las muertes en Cusco y del número cada vez más elevado de muertos en conflictos sociales (nueve confirmados desde que asumió el cargo).

También, Carlos Rivera, de IDL,  expresó su preocupación sobre la reciente resolución emitida por el poder judicial (Resolución Administrativa N° 096-2012-CE-PJ) la madrugada de ayer, 31 de mayo, donde se dispone que los presuntos delitos cometidos en zona de conflictos como en Cusco y en Cajamarca puedan ser juzgados supra-provincialmente. De forma más concreta, el alcalde detenido irregularmente, sin flagrancia u orden judicial, sería juzgado en Ica, lo que va en contra el derecho a la defensa, según la cual los delitos deben ser juzgados en la zona donde se cometieron. Al respecto, nos preocupa que esta resolución ha sido elaborada a solicitud del Ministerio del Interior y puede comprometer la autonomía de los poderes y, por ello, estemos a puertas de una persecución política a los movimientos sociales.

De la misma forma, el grotesco intento de sembrado de pruebas a los miembros de la Vicaría de Sicuani, así como el hecho de que todos los detenidos hayan sido llevados a una dependencia policial dentro del campamento minero de la Empresa Minera Xstrata, constituye una situación nada menos que preocupante. De acuerdo a Rivera, “estamos hablando de situaciones que pueden cambiar el panorama político del Perú”, prácticas y discursos que nos remiten a la dictadura de Alberto Fujimori.

En este marco, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos condena todo acto de violencia, venga de donde venga, y se hace un llamado a las organizaciones sociales a canalizar sus demandas, así como hacer valer su derecho a la protesta dentro del marco legal.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Lima, 1 de Junio de 2012