Durante la última edición de Lo Justo, conducido por Gabriel Salazar, conversamos con el reconocido periodista de investigación, Ángel Páez y el procurador anticorrupción Julio Arbizu, sobre el caso Diarios Chicha, que hace unos días fue incluido por la Corte Suprema de Chile entre los delitos que conforman el folio de extradición de Alberto Fujimori.

Ambos hicieron un recuento de todas las incidencias alrededor de dicho caso que pone en evidencia la campaña perpetrada contra periodistas independientes y opositores al régimen fujimorista en sus últimos años, con la intención de repotenciar la figura del exdictador con miras a la reelección del año 2000.

Arbizu recordó que fue el encargado de defender al Estado durante el juicio oral impuesto a los involucrados, excepto Fujimori.

“Yo hago la denuncia y sigo la investigación a nivel del Ministerio Público, y en el juicio oral defiendo a nombre del Estado y conseguimos una sentencia para todos los involucrados. Preparamos una guía del juicio oral, que hoy es un documento importante para verificar que muchas de estas personas que en su momento fueron halladas culpables sostuvieron a lo largo del proceso que, si bien la decisión del desvío de fondos fue tomada a nivel de las instituciones armadas, había alguien que estaba en conocimiento de esto y ordenaba que esto fuera de dicha manera. Esta persona era Alberto Fujimori”, explicó.

Por su parte, Páez señaló que desde las Fuerzas Armadas existía un especial interés por financiar dichas campañas contra la prensa, luego que esta descubriera la corrupción imperante en dichas instituciones.

“El caso de la prensa chicha era el componente de toda una estrategia contra periodistas y sectores de la oposición que hacían cuestionamientos al régimen. Paralelamente también estaba la interceptación telefónica, la persecución y seguimiento, y el acoso por intermedio de la SUNAT. Todo era un solo plan de acción de Vladimiro Montesinos con la autorización de Fujimori. Los militares estaban muy interesados en financiar las campañas de desprestigio porque nosotros éramos los que habíamos destapado la corrupción en la compra de armamentos en las que estaban vinculados los militares”, reveló.

Julio Arbizu consideró también que con la aceptación de dicho proceso “echa por tierra” los argumentos de aquellos que sostienen que Fujimori no robó, ya que ha quedado comprobado el desfalco de aproximadamente 122 millones de dólares destinados a las instituciones armadas del país.

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