La cuarta movilización contra el régimen laboral juvenil fue aún más numerosa que las tres anteriores. Aunque existe discrepancia sobre el número de manifestantes, esta vez se sumaron nuevas organizaciones sociales y gremiales, lo que evidencia una capacidad de articulación en aumento de la causa. Además se han realizado acciones de protesta en otras ciudades del país como en Puno, Cajamarca, Cusco, Iquitos, Huaraz, Arequipa, Trujillo, Chimbote y Piura. Esto es ya de por sí una buena noticia en un escenario de fragmentación de la sociedad civil. 

La protesta social constituye una herramienta fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión y la participación política. Dado el rol vital que la protesta juega en la salud del sistema democrático, el estado está obligado a garantizar su ejercicio. Por ello nos parece sumamente grave que el día 15 de enero desde antes de iniciarse la cuarta marcha contra el régimen laboral juvenil, se registraron acciones de violencia e intimidación contra jóvenes involucrados en la movilización. Desde una cuenta de tweeter que utiliza el nombre del Ministro del Interior Daniel Urresti Elera pero que no es su cuenta oficial se amenazó directamente a una joven, dando a entender que pese a movilizarse pacíficamente podría ser privada de su libertad, simplemente por ejercer su derecho a la protesta. 

En la zona de Ate unos jóvenes que se disponían a realizar pintas alusivas a la marcha fueron amedrentados con disparos al aire por las fuerzas policiales, y solo la intervención de los vecinos en la zona evitó una detención o agresión de mayor gravedad. 

Durante la jornada de protesta del día 15, el creciente malestar de la sociedad civil ante la falta de atención de las demandas planteadas se expresó en la decisión de trazar un recorrido más breve y directo, cuyo destino final debía ser el Congreso de la República, al que se pide derogar la norma cuestionada. Durante este trayecto la movilización se desarrolló de forma pacífica, hasta que la cabecera de la marcha llegó a las inmediaciones del Congreso. Es aquí que un grupo vinculado al partido aprista ( CTP- Renovar) comenzó a agredir a los efectivos policiales. Posteriormente se registraron ataques a policías y acciones vandálicas por parte de algunos grupos de personas, pero la mayoría de los manifestantes ejercieron su derecho a la protesta sin recurrir a la violencia.

Así mismo, aunque el Ministro del Interior se comprometió a eliminar la presencia de agentes encubiertos entre los manifestantes, se ha documentado la presencia de al menos cincuenta efectivos camuflados, a quienes se atribuye la realización de actos vandálicos para legitimar el uso de la fuerza contra los manifestantes. 

En este escenario, la Policía transgredió los límites en el uso de la fuerza, pues más allá de proteger su integridad y evitar actos vandálicos, nuestra PNP protagonizó una acción represiva indiscriminada, desproporcionada y en la mayoría de casos totalmente injustificada, con afectación de personas que se manifestaban pacíficamente (el grueso de los marchantes) además de personas que ni siquiera participaban en la movilización, inclusive niños y personas de la tercera edad. Pareciera que al diseñar las intervenciones policiales no se tiene en cuenta que por el centro histórico transitan y trabajan miles de personas que pueden verse perjudicadas por ejemplo por el uso de los gases lacrimógenos, así como por el cierre total de calles y avenidas a manos de las fuerzas del orden. 

Un elemento que ha acrecentado la preocupación durante la última movilización ha sido la presencia de un grupo de efectivos portando uniformes camuflados, lo que aparentemente indica su adscripción a la División Nacional de Operaciones Especiales- DINOES, un grupo entrenado para hacer un uso extremo de la fuerza en operaciones de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Su participación resulta completamente inadecuada para controlar el orden interno en una situación de protesta social, como ha demás ha quedado demostrado en el caso concreto por la violencia de su intervención. 

Además se documentó la presencia de agentes equipados con armamento de guerra, cuyo uso está proscrito para el control de disturbios.

Sin embargo han sido  los efectivos pertenencientes a las Unidades de Servicios Especiales  los que han intervenido en la mayor parte de los abusos registrados durante la marcha, incluyendo no solo el uso injustificado y masivo de los gases lacrimógenos, sino también las agresiones directas a los manifestantes.

Ver Video. Sin justificación alguna Policía golpea con su vara a manifestantes. 

Joven de la zona 5 herida por efectivos policiales 

Inclusive se han recogido pruebas de que los efectivos policiales atacaron a los manifestantes y a periodistas a pedradas, lo que evidenciaría no solo una clara voluntad de afectar la integridad física de quienes ejercen su derecho a la protesta, sino también una inadecuada provisión de armamento no letal, lo que involucra responsabilidades al más alto nivel en la PNP.

Ver video los Policías atacan a manifestantes a pedradas. Al descubrir que un periodista está filmando le lanzan una pedrada. ( Fuente: Andrés Cárdenas Carpio) Video s. 21 y ss  )

Uno de los casos más graves reportados ha sido el del joven Jampier Cueva Chirinos quien cuando se movilizaba pacíficamente fue impactado en el rostro por un objeto que le arrojó la Policía. Como resultado del ataque Jampier ha debido recibir 16 puntos de sutura y ha sufrido fracturas en dos huesos de la cara, hasta el punto de que ha sido precisa una intervención quirúrgica para su recuperación.

Otro caso de gravedad ha sido el de Bryan Al's , a quien un efectivo le fracturó el brazo con su vara de reglamento. 

Ataques a periodistas

Pese a que el estado tiene obligaciones especialmente fuertes de proteger y respetar a los hombres de prensa, por la importante función social que desempeñan, los periodistas y comunicadores sociales han sido también blanco de la violencia policial, mediante golpizas, detenciones arbitrarias e incautación de equipos presuntamente para eliminar los registros de abusos policiales.

Es el caso del fotoperiodista de Diario 1 Raúl Arriarán, quién fue objeto de una violenta y arbitraria detención por parte de la PNP. Se le ha iniciado una investigación criminal sin ningún fundamento, además de habérsele privado de sus archivos fotográficos.

Testimonio de una comunicadora a la que un policía le rocia gas pimienta en la cara. (Fuente: Tempus Noticias)

Testimonio de una comunicadora a la que la Policía le sustrae su cámara. 

Detenciones arbitrarias.

Durante la cuarta jornada de lucha contra el Régimen Laboral Juvenil 38 personas fueron detenidas. Consideramos que en la mayoría de los casos se trató de detenciones arbitrarias de personas que únicamente transitaban por el centro histórico o se movilizaban pacíficamente, o en algunos casos como el de Raúl Arriarán realizaban cobertura de prensa. Las detenciones además se realizaron de manera injustificadamente violenta y tuvieron una duración innecesaria, lo que evidenciaría una voluntad de escarmentar a los manifestantes, desalentando su participación en futuras movilizaciones.

No se respetó el derecho de las tres mujeres detenidas a ser custodiadas por personal policial femenino. Ello es necesario para evitar agresiones sexuales como las que se han registrado en otros casos de mujeres manifestantes detenidas por la Policía.

A los 15 detenidos en las dependencias de Seguridad del Estado se les enmarrocó sin ninguna necesidad, afectando de manera injustificada su dignidad.

Después de pasar toda la noche sin dormir y sin comer, y a pesar de encontrarse en varios casos muy adoloridos por los golpes recibidos a manos de la Policía, se les obligó a participar durante cuatro horas en la visualización de unos videos en que ninguno de los detenidos aparecía.  

Además en varios casos se impidió a los abogados brindar asistencia a los detenidos durante varias horas, lo que constituye una gravísima vulneración del derecho a la defensa. En la Comisaría de Cotabambas se ha llegado a impedir el ingreso a una comisionada de la Defensoría del Pueblo. En Petit Thouars la abogada Amanda Frisancho fue golpeada por los efectivos policiales cuando exigía entrevistarse con los detenidos al interior de las dependencias. 

Los detenidos Juan Carlos Espinoza Aspiroz y Omar Silvera Gamboa señalan que fueron golpeados al interior de la Comisaría de Petit Thouars mientras duraba su ilegal incomunicación. También se han denunciado situaciones de sembrado de pruebas y de presiones a los detenidos para suscribir declaraciones autoinculpatorias antes de poder contar con asistencia letrada.

Después de la movilización del 15 continuaron las detenciones arbitrarias de opositores a la llamada Ley Pulpín, destacando la detención de cuatro jóvenes que el pasado 23 se encontraban distribuyendo material informativo ( volantes) sobre este tema en la Plaza de Armas el pasado viernes 23 de enero. Se trata de una acción represiva completamente inaceptable en un sistema democrático.

En definitiva, la respuesta estatal a las movilizaciones contra el régimen laboral juvenil ha dado como resultado detenciones arbitrarias, torturas, uso abusivo de la fuerza, agresiones a periodistas y a terceros ajenos a las movilizaciones. El respeto del derecho a la protesta dista mucho de ser una realidad en el Perú.